El mundo atraviesa grandes desafíos en el contexto actual y, por ello, las empresas deben hacer de propulsoras de la recuperación económica, ejerciendo un liderazgo sostenible y responsable para el desarrollo solidario e integral de la sociedad.

Desde hace algunos años hemos visto emerger en Iberoamérica, una serie de nuevos actores empresariales que compatibilizan la búsqueda del beneficio económico con el cumplimiento de objetivos sociales y ambientales. Hablamos de empresas que se enmarcan en una variedad de movimientos, como pueden ser las empresas con propósito o de triple impacto, la banca con valores, las empresas de comercio justo o las B Corps, sólo por nombrar algunos.

Las particulares características de estas empresas las convierten en uno de los mejores aliados de los gobiernos para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ya que sin un sector privado decidido a contribuir sustancialmente a la senda del desarrollo, será imposible que nuestra región se recupere de los severos impactos económicos y sociales provocados por la pandemia y llegue al 2030 con las tareas cumplidas.

En la actualidad, numerosos países están discutiendo y aprobando nuevas leyes destinadas a tipificar y apoyar formas alternativas de organizaciones que integran actividades comerciales con fines de beneficio público. Hasta la fecha 6 países iberoamericanos (España, Perú, Ecuador, Colombia, Uruguay y Panamá) cuentan con marcos legales aprobados para las Sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC).

Los ejemplos de regulación de este tipo de empresas generan un amplio consenso político en nuestra región (aprobación por unanimidad o presentación de proyectos de ley por diversos bloques del arco parlamentario).

¿Qué características tiene esta nueva regulación? Para entrar dentro de las denominadas Sociedades BIC, éstas deben incorporar un propósito social y ambiental, que va más allá de la maximización del interés económico de sus accionistas; velar por el cumplimiento del propósito descrito para que los directores y gestores de la sociedad puedan maximizar el interés social y ambiental; y garantizar transparencia en el reporte de su impacto empresarial en cinco dimensiones: modelo de negocio, gobierno corporativo, prácticas laborales, prácticas ambientales y prácticas con la comunidad.

El país más avanzado con este modelo es Colombia, que justamente fue el primero en aprobar este nuevo modelo legal y, hasta la fecha, más de 5.000 empresas han adquirido el certificado de Sociedad BIC. El último país en aprobar esta regulación fue España, en diciembre del año pasado.