Para que en Iberoamérica podamos alcanzar un verdadero desarrollo sostenible, es fundamental impulsar el crecimiento económico y para ello la inversión privada juega un papel fundamental.

Debemos recuperar el atractivo de nuestra región como destino de inversiones mundiales, que ha retrocedido un 7% en los últimos diez años en materia de inversión extranjera directa (IED). Para tal fin, debemos trabajar por la libertad de empresa y la libertad económica, dos factores fundamentales para impulsar el desarrollo económico de nuestra región. Del mismo modo, debemos abogar por marcos normativos adecuados y estables, que faciliten de manera armónica las legítimas aspiraciones y anhelos de los distintos grupos de interés de nuestras sociedades, evitando ausencias o excesos.

Los flujos de capitales extranjeros se relacionan con la voluntad de permanencia de la empresa inversora en el país de destino; su interés es establecer encadenamientos productivos con la economía local; y la  promoción de transferencia y diseminación de capacidades tecnológicas y de buenas prácticas de gestión. Todo ello, impactando de manera directa en la agenda global de desarrollo, especialmente en el ODS 09 (“Industria, innovación e infraestructura”) y en el ODS 17 (“Alianzas para lograr los objetivos”).

Para lograr este cometido, las inversiones no se deben regir solamente por criterios financieros y de maximización de beneficios, sino que deben tener en cuenta su impacto en el medioambiente y en el conjunto de la sociedad, sin resignar en solvencia.

En este camino, el sector público es un aliado y actor clave para impulsar y estimular la inversión, a partir de políticas públicas con visión de largo plazo y programas de fomento que generen entornos favorables. La colaboración público–privada es una estrategia eficiente para lograr el desarrollo, dando respuestas inmediatas a problemas urgentes y soluciones viables a grandes retos.